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Exigen libertad de doctora a la Fiscalía General de Veracruz y al Tribunal Superior de Justicia de la Federación en Xalapa

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Xalapa, Ver. 03/04/2022. Familiares, amigos y colegas del sector salud se manifestaron frente a las instalacioens de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) y del Poder Judical de la Federación (PJF) en Xalapa para expresar su total rechazo a la privación de la libertad de la Dra. Janette Michelle Rojano Arcos, la falta al debido proceso penal y el atropello a sus derechos humanos, sin tomar en cuenta el principio de presunción de inocencia. La acusación se deriva del deceso de un preso en el Cefereso de Villa Aldama ocurrido en 2010, pero fue hasta febrero del presente año (doce años después) detenida de forma arbitraria sin aviso, por supuesto homicidio culposo, según lo señalado por su madre “nunca le mandaron notificación, ni citatorio, fue aprehendida en la calle, se la llevaron y ahora está en el penal de Pacho Viejo por una nota médica”.

Las y los manifestantes exigieron su libertad inmediata y portaron pancartas y cartulinas con los lemas: “Ningún médico debería pisar la cárcel por intentar salvar una vida”, “Somos médicos no asesinos”, “¡Basta! Al proceso turbio en contra de la doctora Rojano”.

La marcha por la dignidad médica y la justicia ante el caso de la Dra. Rojano Arcos se realizó este domingo 3 de marzo a las 10:00 am desde un centro comercial con rumbo a la Fiscalía General del Estado de Veracruz y el Tribunal Superior de Justicia de la Federación en Xalapa.

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La versión de los hechos compartida por familiares y amistades en diversas redes sociales, así como en páginas de la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”, y Resistencia Ciudadana Xalapeña, refiere lo siguiente:

“Hace 12 años, la Dra. Rojano estuvo de apoyo (no contratada ni cubiertos honorarios) como médico auxiliar en el CEFERESO 5 de Villa Aldama, Ver. Inició actividades el 8 de marzo de 2010. El 12 de abril de 2010 ocurrió un evento médico con un recluso que había ingresado el 4 de marzo. Ella solícito el expediente médico del paciente sin éxito ya que inmediatamente la médico encargada del caso le ordenó no revisar a los pacientes con padecimientos graves. Posteriormente el paciente presentó una emergencia ante la cual la Dra. Rojano acudió a proporcionarle primeros auxilios con lo que había en el lugar. Durante la RCP (reanimación cardiopulmonar) llegó la médico encargada de ese pabellón y se encargó de la situación devolviendo a la Dra. Rojano a sus actividades. Dos años después la Dra. Rojano se enteró del fallecimiento de ese paciente por la llegada de un citatorio para declarar. Le dijeron que todo estaba bien. Este 11 de febrero de 2022, 10 años después, sin notificación alguna y como si fuera criminal fue aprehendida en la calle mientras se encontraba con su hija menor bajo el cargo de homicidio culposo (si, del evento de 2010 ya juzgado). Se dijo que la llevarían a declarar al juzgado, pero la llevaron directamente al reclusorio. En medio de un proceso turbio y sin derecho a libertad bajo fianza 7 días después le dictaron auto de formal prisión en el penal de Pacho Viejo. Sin transparencia e irregularidades ante las que solo “ofrecieron disculpas” a su familia.

Cualquiera que conozca o haya tratado con Michelle, sabe de la dulzura, amabilidad y calidad humana que la caracterizan. Con sus pacientes, conocidos, familia y desconocidos. También saben de su profesionalismo, entrega y brillantez como médico. Es una gran médico que ha ayudado y salvado a cientos, que se ha entregado en cuerpo y alma a su profesión y pacientes.

Bajo ciertas irregularidades le imputan un crimen que no cometió y no consideran su condición de salud que no le permite siquiera moverse bien, que actualmente es grave, y la están privando de recibir su tratamiento médico ¿A qué funcionario(s) público(s) van a apresar también si ella fallece por no permitirle recibir el tratamiento que necesita? A ella la acusan de no ofrecer el tratamiento que necesitaba aquel paciente, aunque ni siquiera era su paciente y ella no dictó el tratamiento a seguir. Si a ella le pasa algo por no recibir su tratamiento adecuado ¿también inculparán al médico que tenga la suerte de atenderla? ¿por qué no a quién está tomando la decisión de llevarla “a la horca”? ¿Por qué no revisar el caso y hacer justicia? ¿Por qué no retipificar el delito y permitirle un proceso en donde no se comprometa su vida?

La han privado de su libertad, de su salud física y emocional, de su sueldo, de la manutención y atención a su hija, de su vida. ¿De verdad así se paga por ser médico e intentar salvar una vida? ¿Se está más seguro no interviniendo ni ayudando al prójimo?” Se cita.

El 30 de mayo de 2010 fue despedida, por lo que presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), porque no recibió el finiquito de ley y tampoco fue dada de alta en el sistema del Penal. Sin embargo en, 2012 le llegó un citatorio para que se presente a declarar por dicho fallecimiento y 10 años más tarde, el 22 de febrero fue detenida en Veracruz.

Por otro lado, cabe mencionar que el pasado 24 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 59/2022 dirigida a la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, por la violación al debido proceso, a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, a la libertad personal y acceso a la justicia de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Asimismo, la CNDH emitió el pasado 21 de diciembre de 2021, la recomendación 146/2021 al gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la fiscal general de Veracruz, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), así como se le indica la derogación del delito de ultrajes a la autoridad en el estado, a lo cual se ha hecho caso omiso.

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